Wert no iba de farol

• La nueva ley educativa causa polémica en toda España.
• Con las nuevas medidas, quien no quiera estudiar catalán, tendrá derecho a un colegio privado financiado por la Junta.

José Ignacio Wert, uno de los ministros más polémicos de España ha puesto en marcha una de las leyes que ha generado más controversia en los medios de comunicación nacionales.

El debate se generó a raíz de que Wert afirmase que su objetivo era "españolizar a todos los alumnos catalanes". Pese a las críticas que recibió, siguió adelante para implantar la norma que tenía como objetivo.

Así, el catalán dejará de tener tanto protagonismo en las aulas como era antes, ya que se recudirán las asignaturas que se imparten en su totalidad en catalán y el idioma pasará a ser casi optativo.
Es cierto que era una de las promesas electorales del Partido Popular que, de momento, en lo que lleva de mandato, han brillado por su ausencia. Sin embargo, no deja de separar aún más el país, en lugar de unirlo.

Desde cataluña afirman que esta medida tan solo es útil para desplazar el catalán de la comunidad autónoma más independentista del país.

Sin embargo, desde algunos sectores de la prensa en el resto de lugares de España, se ve la reforma como algo positivo, que impulsará al idioma constitucional y favorecerá a la educación.
En este punto es donde se enfrentan ambas posturas que, todo hay que decirlo, representan al cien por cien de la población, puesto que las medidas que se tomen en lo que a este asunto respectan, afectarán a todo el país.


El debate está abierto y es amplio, tanto que ha separado un poquito más al país, hecho que no era precisamente lo que buscaba el ministro José Ignacio Wert, uno de los más criticados del actual equipo de gobierno.

Que el Partido Popular iba a dar más fuerza al castellano en cataluña era un secreto a voces. No obstante, ha sorprendido mucho una de las alternativas que se pondrán en marcha para aquellos que no quieran estudiar catalán.

Dicha opción es que la Junta te pague un colegio privado, con dinero público, cómo no.

Quizá sea este el punto de la reforma que más quebraderos de cabeza esté dando, ya que es cierto que como ciudadano tienes derecho a estudiar o no catalán, pero, ¿es realmente esa la solución?

En una de las comunidades donde más deudas y problemas económicos hay, ¿no sería mejor impartir una asignatura optativa para aquellos que no acepten el catalán?

Con las ventajas e inconvenientes sobre la mesa, ¿qué opinan ustedes?

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